El proceso legislativo en contra del presidente municipal de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez, ha causado revuelo, especialmente después de que algunos afirmaran que se había desestimado. Sin embargo, los regidores de su bloque opositor han aclarado que el juicio político no ha sido cancelado, sino que se encuentra suspendido temporalmente debido a una medida cautelar emitida por la justicia federal.
Esta medida provisional, concedida por un juez federal, detiene la emisión de un fallo definitivo por parte del Congreso del Estado de Hidalgo, lo que ha sido utilizado por el alcalde como estrategia para retrasar el avance del proceso en momentos críticos de su gestión.
Inconsistencias y alegaciones de conflictos de interés
En un comunicado oficial, los regidores denunciaron irregularidades y demoras dentro del Congreso local, acusando que Montaño Rodríguez ha recibido prórrogas por más de 120 días para presentar pruebas, sin que hasta ahora haya presentado argumentos contundentes en su defensa.
Además, hicieron hincapié en que, a pesar de ser considerados como terceros interesados en el juicio de amparo promovido por el alcalde, aún no han recibido notificaciones formales que les permitan participar legalmente en el proceso, lo que atenta contra los procedimientos establecidos.
Contexto judicial del alcalde
El grupo de regidores subrayó que la suspensión del juicio político no extingue las razones legales que existen contra el alcalde. Mencionaron antecedentes importantes que incluyen resoluciones de distintas autoridades judiciales y de derechos humanos:
Primero, Montaño Rodríguez había solicitado previamente la protección federal en un caso de violencia política de género en contra de la regidora Lorena León Camacho. Esta solicitud fue rechazada, lo que permite que el proceso penal continúe hasta que se emita un veredicto.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación en la que se documentaron de manera integral los actos de violencia política de género perpetrados por el edil. Estas faltas, consideradas graves, han sido enviadas al Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo para que se tomen acciones sancionadoras pertinentes.
Los regidores han instado al Congreso local a actuar con imparcialidad y transparencia, subrayando que las inclinaciones partidistas del presidente municipal no deben influir en la justicia. Reiteran que las causas siguen vigentes y que los actos de violencia política no se pueden anular con decisiones legales.
