Esta mañana, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, presentó al Congreso del Estado un conjunto de propuestas con el objetivo de modernizar y actualizar la legislación local en áreas clave como la transparencia, la protección de datos personales, el control interno, la simplificación administrativa y la transformación digital.
Una de las iniciativas más destacadas se refiere a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Hidalgo. Esta contempla la creación de un nuevo organismo, Transparencia para el Pueblo de Hidalgo, que funcionaría bajo la Secretaría de Contraloría. Se tendrá también un Subsistema de Transparencia que formará parte del Sistema Nacional, integrando a los órganos de control de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos y a los municipios.
Este enfoque busca pasar de un modelo que solo publica información para cumplir con normativas, a uno que prioriza una transparencia con sentido social. Se espera que la información disponible tenga validez práctica para los ciudadanos, ayudando así a disminuir la disparidad en el acceso a la información y facilitando el conocimiento sobre trámites y servicios de interés público. Además, se plantea sustituir el concepto de Gobierno Abierto por Apertura Institucional, con un énfasis en la atención centrada en las personas y el uso de datos abiertos.
Otra de las propuestas incluye una reforma significativa en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esta reforma busca reorganizar las autoridades encargadas de proteger los datos personales tras la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH). Bajo este nuevo esquema, la Secretaría de Contraloría asumirá el rol de autoridad garante en protección de datos, mientras que los Poderes Legislativo y Judicial contarán con sus propias instancias de protección.
El paquete legislativo también abarca reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Hidalgo, con el fin de mejorar las capacidades de la Secretaría de Contraloría en aspectos como el control interno y la transparencia. Además, esta reforma busca fortalecer la participación ciudadana en la supervisión y evaluación de la gestión pública, promoviendo un modelo donde la transparencia trascienda la mera publicación de información y permita un seguimiento efectivo de las acciones institucionales.
Asimismo, se plantea una reforma que impulsará la simplificación administrativa y la digitalización, fortaleciendo el papel de la Unidad de Planeación y Prospectiva en áreas relacionadas con la ciencia y la transformación digital. Esta unidad será clave en la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, facilitando un avance hacia la modernización administrativa que beneficie directamente a los ciudadanos.
Finalmente, el proyecto busca consolidar el Laboratorio de Políticas Públicas del Estado como un espacio dedicado al análisis de datos y evaluación de alternativas que respalden decisiones públicas más informadas, asegurando que su implementación no represe una carga económica adicional al presupuesto anual.
