Elimina autorizaciones duplicadas en contrataciones municipales
Álvaro Bardales Ramírez, secretario de Contraloría del estado, expresó su apoyo a la reciente decisión de eliminar las autorizaciones duplicadas que complicaban las contrataciones en los municipios. Enfatizó que es crucial que los recursos públicos no se vean afectados por disputas políticas o intereses personales que obstaculicen el funcionamiento de los ayuntamientos.
Bardales explicó que cuando un presupuesto ya ha sido aprobado y se cumplen los requisitos necesarios para las contrataciones, la exigencia de un nuevo aval del Cabildo podría interrumpir proyectos importantes, generando repercusiones negativas para la población.
El debate sobre esta reforma se intensificó el 15 de octubre, cuando el municipio de Pachuca votó a favor de modificar el artículo 141 de la Constitución estatal, obteniendo 14 votos a favor y 5 en contra; esto ha suscitado preocupaciones sobre su impacto en los mecanismos de control municipal.
El contralor destacó que es responsabilidad de su oficina investigar cuando las autorizaciones pendientes se utilizan como herramienta de presión para obtener beneficios personales, ya sea para contratos o plazas. A su vez, mencionó que recibe quejas de alcaldes, tesoreros y contralores internos sobre las demoras en autorizaciones, que resultan en la paralización del presupuesto y afectan la realización de obras y la respuesta a las necesidades de la comunidad.
Insistió en que el simple hecho de aprobar un presupuesto no es suficiente; debe haber un compromiso real para que se traduzca en acciones concretas y beneficios tangibles para la ciudadanía. Aunque algunos expresan que la reforma podría debilitar la supervisión, Bardales recordó que las contrataciones deben seguir protocolos claros, asegurando integridad en el proceso mediante la fiscalización y el seguimiento de los órganos de control interno y la participación ciudadana a través de comités de Contraloría Social.
El contralor reconoció la importancia de mantener los mecanismos de control, pero subrayó que estos deben funcionar de manera efectiva y no servir como herramientas para negociaciones o presiones políticas. También advirtió que, al agilizar procedimientos, los municipios deben seguir asumiendo sus responsabilidades; cualquier tipo de contratación irregular o deficiencia en la obra merece ser revisada y justificada correctamente.
Entre los problemas que pueden surgir al no cumplir con los plazos establecidos para utilizar recursos federales, estar en desacuerdo político puede poner en riesgo proyectos esenciales como el suministro de agua, drenaje o pavimentación. Por ello, sugirió que el enfoque del debate sobre la reforma debe centrarse en los resultados: las contrataciones que se detienen, el tiempo que permanecen sin avance y las consecuencias de estos retrasos.
Bardales concluyó que rechazar la reforma no necesariamente implica la existencia de irregularidades, así que cualquier condicionamiento inadecuado debe ser documentado y sometido a investigación. La clave, según él, es que los cabildos mantengan vigilancia, las administraciones ejecuten y se rinda cuentas a la ciudadanía, ya que el presupuesto público es un bien que le pertenece al pueblo y no debe ser utilizado para saldar cuentas políticas.
