Cincuenta mil habitantes participan en la vigilancia de obras y recursos públicos mediante la Contraloría Social en Hidalgo.

Ciudadanos de Hidalgo fortalecen la vigilancia del uso de recursos públicos

En el estado de Hidalgo, aproximadamente 50 mil personas han decidido formar parte de 10 mil Comités de Contraloría Social, con el objetivo de supervisar el manejo de recursos públicos, monitorear obras y detectar posibles irregularidades. Esta iniciativa refleja el interés de los ciudadanos por involucrarse activamente en la transparencia gubernamental.

La importancia de estos comités fue abordada durante la reciente Asamblea de la Comisión Permanente de Contralorías Estados-Federación, que tuvo lugar en la entidad. En este evento, representantes de diversos estados, como Nuevo León, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México, se reunieron con autoridades federales para intercambiar experiencias y buenas prácticas que fomenten la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.

La Contraloría Social se ha establecido como un medio efectivo para que la ciudadanía valide la correcta ejecución de obras públicas, garantizando que los apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan y que las autoridades cumplan con sus promesas. Según Álvaro Bardales, secretario de Contraloría de Hidalgo, no se requiere formación especial para unirse a estas iniciativas. La clave es la voluntad, honestidad y compromiso con la comunidad.

La entidad también se encarga de proporcionar capacitación y acompañamiento a los miembros de los comités, con el fin de fortalecer sus capacidades en la vigilancia y la prevención de irregularidades. De esta manera, se busca que los ciudadanos no se limiten a ser beneficiarios de programas y proyectos, sino que se conviertan en participantes activos en la supervisión de su implementación.

El gobierno estatal, bajo la dirección de Julio Menchaca Salazar, promueve esta participación ciudadana como un pilar fundamental para asegurar que las obras y bienes públicos sean propiedad de la sociedad. A través de estas acciones, se pretende fortalecer la confianza entre la ciudadanía y sus autoridades, en un esfuerzo por un manejo más transparente y responsable de los recursos públicos.