Más de 2,800 viviendas en riesgo de colapso en Hidalgo
Durante un censo que se llevó a cabo a lo largo de cinco meses en 23 municipios, se han identificado un total de 2,866 viviendas en áreas propensas a colapsar. Ante esta alarmante situación, se estima que casi tres mil familias de la región se verán obligadas a abandonar sus hogares tras el impacto de la vaguada monzónica.
Las autoridades estatales y federales han decidido proceder con la reubicación de estas viviendas de manera urgente, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias afectadas. Para facilitar este proceso, el Gobierno del Estado implementará brigadas para recopilar la documentación necesaria y dar inicio a las acciones de reconstrucción y reubicación.
Ericka Toledo Parra, directora de la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), informó que los habitantes de las viviendas en riesgo recibirán notificaciones oficiales directamente en sus hogares durante la semana en curso, a través de los ayuntamientos locales.
Los beneficiarios del censo deberán asistir a asambleas informativas que se llevarán a cabo los días 29, 30 y 31 de julio, comenzando por la región Otomí-Tepehua, donde se concentrarán los esfuerzos iniciales.
Para completar su reubicación, los afectados deberán presentar varios documentos, que incluyen identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, además de un documento que certifique la propiedad del predio en riesgo, la notificación municipal sobre la situación de riesgo y la información para abrir una cuenta bancaria donde recibirán los apoyos económicos.
Toledo Parra también destacó que las notificaciones serán realizadas únicamente por los ayuntamientos, asegurando que no habrá intervención de otras entidades o personas ajenas en este proceso.
Precauciones ante posibles fraudes
En este contexto de vulnerabilidad, las autoridades han emitido una advertencia sobre el riesgo de robos y fraudes que podrían afectar a las familias afectadas. Se aclaró que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) no trabaja con intermediarios, no solicita comisiones ni requiere contraseñas o claves bancarias.
Se insta a los ciudadanos a no compartir información sensible ni dinero con gestores externos y a verificar que cualquier personal que se presente sea debidamente acreditado por el gobierno local.