Acciones para proteger el Parque Nacional El Chico
Las autoridades federales, estatales y municipales han establecido un plan llamado “Cero construcciones sin autorización” en el Parque Nacional El Chico, con el objetivo de detener el crecimiento de asentamientos irregulares y asegurar que todas las actividades o construcciones se realicen conforme a la legislación ambiental vigente. Esta iniciativa surge del trabajo en conjunto promovido por el Gabinete de Seguridad, orientado a fortalecer la gobernabilidad en la región.
El gobernador Julio Menchaca Salazar ha enfatizado la importancia de fomentar un desarrollo sustentable que respete y proteja el patrimonio natural de Hidalgo a través de la colaboración entre las diversas instituciones involucradas, así como el respeto a las normativas ambientales que regulan estas actividades.
Los acuerdos de este esfuerzo interinstitucional dictan que cualquier actividad que se planee realizar dentro del parque debe contar obligatoriamente con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, la cual debe ser otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). No cumplir con esta obligación puede resultar en sanciones severas, que se rigen por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, hizo hincapié en la necesidad de reconocer y enfrentar el problema de las invasiones a los espacios en el Parque Nacional El Chico, subrayando que la unión de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno es fundamental para fortalecer la defensa de esta Área Natural Protegida y hacer respetar la legislación ambiental correspondiente.
Entre las sanciones que se pueden imponer por violaciones a estas normativas, se contemplan multas que varían entre 30 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como clausuras temporales o permanentes de las construcciones irregulares, dependiendo de la severidad de la infracción cometida.
El Parque Nacional El Chico es un lugar clave en el país por su riqueza forestal y biodiversidad, así como por su papel en la captura y conservación de recursos hídricos que benefician a varios municipios en Hidalgo y zonas aledañas. Por ello, su protección es un compromiso que debe ser asumido por las autoridades y toda la sociedad.
Este esfuerzo involucra a varias instancias del Gobierno de México, entre las que se encuentran Semarnat, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), además de la Fiscalía General de la República (FGR), Conafor, CFE y Profepa. Por su parte, el Gobierno de Hidalgo contribuye con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, junto con los ayuntamientos de Pachuca, Mineral del Chico y Mineral del Monte.
Con estas medidas, la Secretaría de Gobierno reafirma su compromiso de intensificar la coordinación entre diferentes entidades, estimular el cumplimiento de la normativa ambiental y participar activamente en la defensa de uno de los principales pulmones naturales de Hidalgo, asegurando su conservación para las generaciones futuras.
